La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación se mantiene firme en la lucha por la recomposición salarial de los trabajadores judiciales que vienen perdiendo su poder adquisitivo frente a los índices inflacionarios que arroja la economía Argentina.

Luego de un contundente banderazo que manifestó una vez más el malestar de todos los trabajadores judiciales, el gremio convocó a un nuevo paro nacional de 24 horas para el viernes 15 de noviembre, en protesta contra el ajuste económico y en demanda de la magra recomposición salarial para el sector.

En San Juan, Alfredo Collado, Secretario Adjunto de la Región Cuyo del Sindicato de Trabajadores Judiciales Nacionales, expresó el profundo descontento entre los trabajadores judiciales debido a la falta de una actualización salarial acorde con la inflación actual. Este conflicto ha llevado al gremio a convocar un paro nacional de 24 horas este viernes, una medida que refleja la creciente pérdida del poder adquisitivo, calculada en aproximadamente un 25%. Collado denuncia que, pese a la inflación que sigue aumentando cada mes, los trabajadores judiciales aún no han recibido un ajuste que les permita mantener sus ingresos en términos reales.

El dirigente gremial, también detalla las recientes manifestaciones del gremio, incluyendo el «banderazo» realizado el martes pasado frente a las dependencias judiciales de todo el país. Destaca que este acto de protesta se ha vuelto una actividad recurrente cada martes, simbolizando la unidad de los trabajadores y la seriedad de sus demandas. Además, en algunas provincias, como Córdoba, se han implementado formas de protesta adicionales, como la «carpa de la dignidad» y la creación de «expedientazos» simbólicos, que representan la injusticia de la falta de ajuste salarial y la dignidad que los trabajadores están dispuestos a defender.

Como respuesta a las políticas de ajuste del gobierno a los organismos nacionales, trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional realizaron un abrazo simbólico en sus respectivos edificios.

En San Juan, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Carlos Ordóñez , explicó que la medida responde a la «falta de gestión y de financiamiento» en las dependencias.

Ordóñez explicó el impacto del desfinanciamiento en la Dirección Nacional de Vialidad y la concesión de más de 8,000 kilómetros de rutas. Destacó también que este recorte compromete no solo la seguridad de las rutas, sino también el acceso de pequeños productores y comunidades a la conectividad básica.

A pesar de las limitaciones, los compañeros aquí en San Juan están trabajando con gran esfuerzo. Han logrado abrir el paso hasta el límite con Chile en tiempo récord, antes incluso que en tiempos de concesión privada. Sin embargo, es difícil porque no se cuenta con los recursos necesarios: no se compra asfalto ni materiales esenciales, lo que ha empeorado la conservación de rutas ya deterioradas en solo 11 meses.

Ordóñez expresó que participará de una samblea a nivel nacional y se centrará en el rechazo a la desfinanciación que sufre la Dirección Nacional de Vialidad, una de las razones principales por las cuales se organizó el abrazo. Aunque, en realidad, no diría que fue un abrazo simbólico; fue un abrazo de fuerza, de protesta, con mucha participación y apoyo de grupos externos a Vialidad. Estuvieron presentes sectores políticos, gremiales, la CGT y compañeros de otros gremios, quienes también están atravesando situaciones similares de abandono y cierre en sus organismos.

Vialidad cumple una función social importante, que es comunicar a las zonas más postergadas y permitir que los pequeños productores puedan distribuir su producción, facilitando la comunicación entre comunidades. No podemos desechar todo eso por políticas enfocadas solo en los números y un superávit ficticio. Actualmente, el superávit se sostiene solo porque no se paga a los proveedores y no se realiza ninguna compra. Esta situación no solo afecta a los trabajadores viales, sino también a los transportistas y a los usuarios de las rutas, quienes verán aumentados los riesgos de accidentes. Además, el impacto en el transporte tiene repercusiones económicas importantes debido al mal estado de los caminos, completó el dirigente gremial.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció hoy un cronograma de medidas de fuerza que incluye paros intermitentes desde el 16 de noviembre y hasta fin de mes.

Esta medida afectará el despegue de aviones en todos los aeropuertos del país donde Atepsa tiene presencia, incluyendo 54 aeropuertos en total. Los días de protesta incluyen el sábado 16, lunes 18, miércoles 20 y viernes 22 de noviembre, y están previstos en horarios escalonados.

Según el sindicato, estas medidas buscan ejercer presión para alcanzar mejoras en la negociación colectiva, en especial un incremento salarial acorde al trabajo realizado, reclamando un ajuste del 25%.

Los representantes de Atepsa informaron que hasta la fecha solo han recibido un aumento del 9% durante 2023, y consideran insuficiente el incremento frente al costo de vida actual.

El plan de lucha incluye la restricción de autorizaciones en tierra y la suspensión de recepción de planes de vuelo en los horarios afectados, aunque se respetarán las operaciones de vuelos sanitarios, de emergencia, humanitarios y de búsqueda y salvamento.

El sindicato, dirigido por la abogada Paola Barrita desde 2022, hija del ex líder de la barra brava de Boca conocido como “El Abuelo”, subrayó que los trabajadores de control aéreo cumplirán con su presencia en sus puestos al 100% durante los horarios de medida de fuerza, aunque se negarán a autorizar despegues en los tiempos establecidos.

Estas acciones no impactarán los vuelos que ya estén en el aire, pero podrían generar retrasos en los despegues y cambios de programación para quienes viajen en los días de la huelga. El sindicato recomendó a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas sobre posibles alteraciones en los vuelos.

Atepsa se estableció como gremio en 2007, tras su transformación de una mutual de la Fuerza Aérea mediante un decreto presidencial, tras la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El sindicato representa no solo a controladores de tránsito aéreo, sino también a personal de búsqueda y salvamento, técnicos en equipamiento de navegación aérea y personal de la ANAC.

La dirección de Atepsa se disculpó anticipadamente por las demoras y complicaciones que la medida pudiera causar y exhortó a las autoridades a atender sus demandas para evitar una escalada en el conflicto.