El flamante conductor de la CGT Octavio Arguello se quejó del techo salarial que intenta imponer la gestión libertaria, que traba la discusión de Camioneros y otras organizaciones y sectores. La idea del Ministerio de Economía es mantener los aumentos hasta el 1 por ciento. El reciente triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores Camioneros, Octavio Argüello, sostuvo que el conflicto salarial que atraviesa su sector muestra la intención del Gobierno nacional para terminar con las “paritarias libres”. Además, confirmó que seguirán acatando la conciliación.

Tras la salida de Pablo Moyano, que calificó de “tibios” a los integrantes de la mesa chica de la central obrera, el referente de Camioneros consideró que “es un lugar en el que hay que dialogar y ponerse de acuerdo”, como así también, reconoció que “hay muchas preguntas y pocas respuestas”. El gobierno redobló sus esfuerzos para tratar de que los aumentos salariales del primer bimestre de 2025 acompañen la baja inflacionaria prevista. “Nada por encima del 1 por ciento” es la consigna del Ministerio de Economía, con el fantasma de la no homologación de los acuerdos como telón de fondo. La pauta salarial de Luis Caputo mantiene trabadas las negociaciones del Sindicato de Camioneros para el trimestre diciembre-febrero y dejó sin homologar el incremento del 11,4 por ciento firmado por la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) para el período octubre-diciembre, que se pagó igual en la mayoría de las empresas, pero ahora buscan reformular.

Sin paro a la vista

En una entrevista televisiva, el sindicalista ratificó sus dichos sobre que “no hay clima social para un paro general de la CGT” y apuntó que “hicimos varias medidas después del paro general que no han tenido las repercusiones que hubiéramos querido”. “Hemos tenido fines de año con manifestaciones en los supermercados y este diciembre no tuvo nada”, agregó. Sin embargo, Argüello advirtió que “si esto se profundiza va a terminar en un gran plan de lucha” ya que “terminar con las paritarias libres es uno objetivos de este gobierno”. “La CGT debería acompañar los diferentes reclamos de los gremios”, comentó, en referencia a la ausencia de la central en varias de las últimas protestas.

Dialoguistas

Por su parte, respondió a las críticas que se le han formulado a la central por reunirse con funcionarios del Gabinete de Javier Milei: “Sentarse en una mesa de dialogo no es claudicar en los derechos”. “Como movimiento obrero no tenemos espacio político para canalizar nuestras demandas”, manifestó.

La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó sus reclamos al Gobierno nacional, exigiendo medidas inmediatas para frenar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, que afecta el acceso a servicios médicos de más de 15 millones de argentinos. Este sistema, que representa el 33,6% de la población, atraviesa una crisis económica derivada de aportes insuficientes y el creciente costo de las prestaciones médicas.

La CGT señaló la problemática del sistema solidario de salud, que se agrava por la obligación de brindar las mismas prestaciones a sectores cuyos aportes mensuales son significativamente menores. Los monotributistas, desempleados y personal de servicio doméstico aportan menos de $14.000 mensuales, mientras que el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) asciende a $45.000 mensuales.

Propuestas para Aliviar la Crisis

En agosto, la CGT presentó un informe al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, y al gerente general, Claudio Stivelman, con propuestas concretas para aliviar la crisis del sistema. Entre las iniciativas destacadas se incluyen:

• Reemplazar el PMO actual por una Canasta de Servicios de Emergencia (CSE).
• Incrementar los aportes del personal de servicio doméstico y de los monotributistas.
• Ajustar los reintegros del PAMI para que estén en línea con el promedio per cápita que maneja el instituto.
• Transferir la atención de los monotributistas sociales a los efectores públicos de salud, destinando los recursos directamente a hospitales y centros de salud.
• Crear un fondo para cubrir tecnologías médicas de alto costo.
• Establecer que los gastos en transporte y educación de personas con discapacidad sean financiados por las carteras correspondientes y no por el Fondo Solidario de Redistribución.

La CGT advirtió en numerosas ocasiones que, de no tomarse medidas inmediatas, el sistema de obras sociales podría enfrentar un colapso financiero que comprometería el derecho a la salud de millones de argentinos. Es fundamental que el Gobierno brinde respuestas concretas y urgentes para evitar esta crisis y garantizar la sostenibilidad del sistema.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se moviliza ante la inminente expiración de 50.000 contratos en la administración pública nacional. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que «el 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado» y reclamó por la renovación automática de los contratos y una recomposición salarial de emergencia.

En el marco de la política de ajuste del Gobierno, el Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, implementó exámenes de idoneidad para los empleados públicos. Aunque el 95% de los que rindieron aprobaron en el primer intento, la aprobación no garantiza la renovación de los contratos. Según el Ejecutivo, la evaluación es solo un requisito obligatorio, y la renovación se definirá según «parámetros usuales».

La situación es crítica, ya que en los primeros 10 meses de 2024 se eliminaron 23.457 puestos laborales en la administración pública nacional. La dotación de personal pasó de 341.473 personas en diciembre de 2023 a 305.688 en octubre, lo que representa una reducción del 10,48% del total de la planta.

En este contexto, Aguiar lanzó una dura advertencia: «Para ponerle límites al gobierno de Milei tenemos que seguir en la calle». La ATE se moviliza para defender los puestos de trabajo y los derechos de los empleados públicos, mientras que el Gobierno busca avanzar con su plan de reducción de gastos.

La tensión es palpable, y el futuro de los 50.000 contratos en juego es incierto. La decisión del Gobierno de renovar o no los contratos será crucial para determinar el rumbo de la administración pública nacional.