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El Gobierno nacional se prepara para impulsar un nuevo proyecto de reforma laboral en 2025, que ya genera preocupación en la CGT. La iniciativa, que propone modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, busca impulsar el crecimiento de las empresas y potenciar exportaciones, pero también genera temores sobre la pérdida de derechos laborales.

El proyecto, denominado Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, fue presentado por la diputada Romina Diez y propone cambios significativos en la legislación laboral. Entre los puntos más relevantes, se destaca la posibilidad de que los trabajadores renuncien a beneficios acordados por encima de la ley o convenios colectivos, y la flexibilización de vacaciones y condiciones de trabajo.

El Gobierno asegura que el plan es beneficioso para todos, especialmente para los trabajadores y la generación de empleo. Sin embargo, la CGT ya manifestó su rechazo, señalando que podría significar una pérdida de derechos laborales históricos.

La reforma laboral se posiciona como uno de los temas más sensibles y polémicos de la agenda política y sindical de este año. El proyecto podría abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los sindicatos, en un contexto donde la CGT teme que esta reforma diluya derechos laborales fundamentales.

En este sentido, es fundamental que se abra un debate amplio y transparente sobre los alcances y consecuencias de esta reforma, para asegurar que se protejan los derechos laborales y se promueva el crecimiento económico.

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Crisis del sector petrolero en Mendoza: despidos masivos e incertidumbre laboral

La entidad sindical del sector petrolero en Mendoza denunció la actitud irresponsable de la empresa San Antonio, que anunció despidos masivos afectando a unos 300 empleos directos e indirectos, y advirtió sobre la falta de traspaso de las áreas maduras de YPF, lo que genera una gran inquietud laboral en el sector.

La provincia de Mendoza se encuentra en el epicentro de una crisis laboral en el sector petrolero. La empresa San Antonio, una de las principales empresas de servicios de pozos petroleros en la región, anunció despidos masivos que afectarán a unos 300 empleos directos e indirectos. Esta medida generó gran incertidumbre laboral en el sector y es duramente criticada por la entidad sindical del sector en esa provincia.

Según el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Cuyo (SPJC), la empresa San Antonio ha venido menoscabando la estabilidad laboral de sus empleados desde septiembre del año pasado, cuando presentó un plan preventivo de crisis que fue rechazado por la Secretaría de Trabajo de la Nación. La entidad sindical sostuvo que la empresa incumplió el acuerdo de Stand By firmado con la operadora YPF y ha ofrecido a los trabajadores solo un 50% de indemnización.

La líder del sindicato, Julián Matamala, manifestó su preocupación por la situación y denunció la falta de respeto hacia la mano de obra de la industria. «Después del apoyo fundamental que brindó esta institución durante la crisis global causada por la pandemia, y de haber logrado reactivar el 100% de su actividad, ahora enfrentamos esta nueva amenaza», sostuvo.

La situación en Mendoza se ha vuelto crítica, no solo por los despidos masivos, sino también por la falta de traspaso de las áreas maduras de YPF, lo que ha generado gran desasosiego en el sector. El sindicato ha venido advirtiendo sobre esta situación y ha exigido al gobierno que tome medidas para resolver el problema.

Esta disposición no solo afecta a los trabajadores del rubro, sino también a la economía local y regional. La industria petrolera es una de las principales fuentes de empleo y ingresos en la zona, y cualquier afectación a la misma puede tener consecuencias graves para la economía.

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Andrés Rodríguez: la gente no acompaña un nuevo paro general, pero esto puede estallar en cualquier momento

En un contexto de creciente malestar social y laboral, Andrés Rodríguez, líder de los estatales de UPCN y número dos de la CGT, se expresó sobre la situación actual en Argentina. En declaraciones a Clarín, Rodríguez manifestó su desacuerdo con la política de desmantelamiento del Estado y la pérdida de ingresos de los trabajadores, calificándola de «durísima» y «desastrosa».

«La gente no acompaña un nuevo paro general en este momento», aseguró Rodríguez, aunque destacó que la situación puede cambiar en cualquier instante. «Llega un momento en que ese ajuste puede ser intolerable», planteó, refiriéndose a la política económica del gobierno nacional. «La sociedad argentina está al borde de un estallido social», advirtió.

En otro aspecto y en cuanto a la interna del partido justicialista, el sindicalista dejó claras sus posiciones críticas hacia Cristina Kirchner. «Cristina es una más», aseguró, destacando que el peronismo es un movimiento que abarca más que un partido político. «El peronismo necesita renovación y autocrítica», planteó. «No podemos seguir repitiendo los mismos errores del pasado».

El lider de UPCN, también se refirió a la figura de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, considerándolo una figura de síntesis dentro del peronismo. «Kicillof es un gobernador en ejercicio que puede ser una opción para el futuro», aseguró.

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Hugo Moyano cedió y Camioneros finalmente aceptó una suba del 5,5% 

El gobierno de Javier Milei celebró el acuerdo paritario con los camioneros, pero detrás de la supuesta victoria, se esconde una realidad más compleja.

En medio de una coyuntura marcada por la alta inflación y el descontento creciente, el gobierno logró homologar un acuerdo paritario con los camioneros que, a primera vista, parece un triunfo para la administración. Sin embargo, al analizar los detalles del convenio, surge una realidad más compleja y matizada.

El convenio establece un aumento salarial trimestral del 5,5%, dividido en tres tramos: 2,2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,5% en febrero. Además, se incluye un bono extraordinario de $600.000, que será abonado en cuatro cuotas. Aunque el Ejecutivo celebra este acuerdo como un logro, es importante destacar que el aumento salarial es inferior al 15% mensual que inicialmente pidió el gremio liderado por Hugo Moyano.

La celebración del gobierno nacional por este pacto es, en parte, una estrategia para demostrar su capacidad para negociar y contener las demandas de los sindicatos. Sin embargo, es importante recordar que este acuerdo no resuelve los problemas estructurales del sector, como la alta inflación y la creciente desigualdad.

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