La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un fallo que cuestiona la aplicación retroactiva de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, en un caso que involucra a médicos contratados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). La sentencia establece que la normativa no puede aplicarse de manera retroactiva, lo que implica que los empleadores deben registrar las relaciones laborales y pagar las indemnizaciones correspondientes.

El caso se centró en un grupo de médicos que fueron contratados por PAMI bajo condiciones laborales que no garantizaban su autonomía. Los profesionales debían cumplir con estrictas pautas impuestas por el Instituto, lo que evidenciaba un poder de dirección y control que se asemeja a una relación laboral formal. Los jueces consideraron aplicable el artículo 8 de la Ley 24.013, que establece una indemnización para los trabajadores no registrados.

La sentencia establece que la Ley 27.742 no puede aplicarse de manera retroactiva, lo que implica que los empleadores deben registrar las relaciones laborales y pagar las indemnizaciones correspondientes. Este fallo se suma a otros precedentes judiciales que han cuestionado los alcances y efectos de la Ley Bases, promulgada para modificar el régimen de sanciones laborales.

Los críticos de esta normativa sostienen que ha debilitado los derechos de los trabajadores en situación de precariedad. Este nuevo pronunciamiento reafirma la vigencia de las obligaciones de registración laboral y el resarcimiento correspondiente en casos de incumplimiento.

La política salarial del Gobierno Nacional ha generado un profundo debate en el seno del sindicalismo, dividiéndolo en dos frentes: aquellos que aceptan las paritarias con aumentos del 1% mensual y aquellos que se resisten a firmar acuerdos que consideran insuficientes.

Entre los que han aceptado las paritarias con aumentos del 1% mensual se encuentran el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, y la Federación de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH), liderada por Víctor Santa María. Ambos sindicatos firmaron acuerdos que se ajustan a la pauta salarial del Ministerio de Economía, lo que ha sido celebrado por el Ejecutivo.

Sin embargo, no todos los sindicatos están dispuestos a aceptar las paritarias con aumentos del 1% mensual. La Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), liderada por Héctor Daer, pactó un aumento del 11,4% para el período octubre-diciembre, pero la Secretaría de Trabajo se niega a homologarlo porque no está en sintonía con la baja inflacionaria.

De la misma forma, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), liderada por Luis Barrionuevo, sellaron un acuerdo con un aumento del 16% para el trimestre diciembre-febrero, pero la Secretaría de Trabajo también se niega a homologarlo porque supera los límites del techo salarial impuesto por el Ministerio de Economía.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Abel Furlán, de igual modo se encuentra en una situación complicada. El sindicato comenzó a negociar un incremento salarial para el bimestre noviembre-diciembre y el primer trimestre del año, pero la Secretaría de Trabajo dejó en stand by el acuerdo porque no se ajusta al tope oficial.

En resumen, la política salarial del Gobierno ha llevado a un profundo debate en el seno del sindicalismo, con algunos gremios aceptando las paritarias con aumentos del 1% mensual y otros resistiéndose a firmar acuerdos que consideran insuficientes. La situación es complicada y es probable que continúe generando tensiones en el ámbito laboral.

El Gobierno de Javier Milei, extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 la medida que condiciona los aumentos salariales de los empleados públicos, con el objetivo de «optimizar recursos» y «garantizar la equidad salarial». Esta decisión se formalizó a través de la resolución Administrativa 1/2025, firmada por Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

La medida establece que las subas salariales deben negociarse dentro del presupuesto de cada dependencia pública, lo que limita el aumento salarial de los empleados estatales. Además, se enfatiza que cualquier actualización en las retribuciones del personal debe estar sujeta a la aprobación previa de los órganos competentes en la materia.

El objetivo es lograr un equilibrio en las retribuciones del personal estatal y mantener la «homogeneidad en la negociación de salarios» a lo largo del año fiscal 2025. También se busca optimizar los recursos del Estado y seguir avanzando hacia el equilibrio fiscal.

Repercusiones

La decisión provoca ansiedad entre los empleados públicos, ya que más de 57 mil contratos vencieron el 31 de diciembre y no se sabe cuántos serán discontinuados. Desde diciembre, la planta estatal se redujo en más de 35 mil personas, según números oficiales.

El Gobierno se prepara para discutir las paritarias con los estatales, después de que no se llegó a un acuerdo en la reunión previa. Los gremios de trabajadores del Estado, como ATE, sostienen que la pérdida del poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al poder fue del 40%.