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En un fallo sin precedentes, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó una cautelar que impide al Gobierno aplicar los 3.155 despidos anunciados en la ex AFIP y Aduana. Esta medida cautelar, solicitada por los gremios AEFIP y SUPARA, garantiza la estabilidad laboral de los empleados de estos organismos.

La sentencia, emitida el 14 de enero, ordena al Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abstenerse de adoptar cualquier medida que vulnere la garantía de estabilidad prevista en los convenios colectivos de trabajo. El juez Gabriel de Vedia argumentó que la medida precautoria de no innovar es necesaria para evitar un daño posible y previsible luego de las acciones iniciadas por el PEN para descalificar a gran parte de los trabajadores.

Este fallo llega en medio de un contexto político y social complejo, con la reestructuración de la ex AFIP y Aduana en curso. De los 20.000 trabajadores que había al inicio de la gestión de Javier Milei, ya se fueron 1.500 el año pasado y se espera que otros 1.500 se vayan en el marco de un nuevo retiro voluntario.

La decisión de la Justicia Laboral plantea interrogantes sobre el futuro de la reestructuración y los despidos anunciados. ¿Cómo reaccionará el Gobierno ante este fallo? ¿Qué implicaciones tendrá esta medida cautelar en la relación entre el Estado y los trabajadores? La respuesta a estas preguntas solo la dará el tiempo.

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La FEPEVINA respalda pedido de diputados para transparentar fondos de Vialidad

La privatización de rutas en Argentina ha generado un gran revuelo, especialmente después de que los diputados aprobaran esta medida. Ahora, los legisladores están exigiendo explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el destino de los fondos de Vialidad.

La Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) respaldó este pedido, enfatizando que el abandono de las rutas y la privatización son medidas que atentan contra la población. Los diputados de Unión por la Patria solicitaron información sobre varios temas relevantes, incluyendo:

  • Monto de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono: Los diputados quieren saber cuánto dinero se recaudó en 2024 a través de este impuesto y cómo se utilizó.
  • Destino de los fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte: Los legisladores buscan transparencia sobre cómo se utilizaron los fondos del Fideicomiso en 2024.
  • Monto recibido por la Dirección Nacional de Vialidad: Los diputados quieren saber cuánto dinero recibió la Dirección Nacional de Vialidad en 2024 y cómo se utilizó.
  • Razones de la subejecución de programas: Los legisladores buscan entender por qué no se ejecutaron algunos programas de la Dirección Nacional de Vialidad en 2024.
  • Avance y ejecución de obras: Los diputados quieren saber cuál es el estado actual de las obras a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y qué se proyecta para 2025.

La FEPEVINA enfatizó que es primordial que los recursos asignados a Vialidad Nacional lleguen a donde corresponden, y no se desperdicien o se utilicen ineficientemente. La transparencia y la rendición de cuentas son si para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva y eficiente.

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La CGT fortalece su presencia en todo el país

La Confederación General del Trabajo (CGT) logró un hito en la normalización de delegaciones regionales en todo el país. Según un informe presentado por la Secretaría del Interior, encabezada por Abel Furlán, se alcanzó la formalización legal de 75 de las 82 delegaciones que componen la central obrera.

Este logro representa un avance significativo en la unificación de las delegaciones regionales del movimiento obrero nacional, respetando las decisiones internas de cada región y aplicando los estatutos y reglamentos de la CGT para los procesos electivos.

A pesar de las dificultades enfrentadas durante este proceso, como divisiones naturales del movimiento obrero, tensiones entre sectores de transporte, servicios e industria, y resistencias de dirigentes que mantenían el control de las delegaciones de manera autoproclamada, se ha logrado normalizar el 93,7% de las delegaciones regionales.

El informe destaca que las formas de conducción varían, con 30 unicatos (40%), 14 binomios (18,2%) y 31 triunviratos (41,8%), reflejando la diversidad en la estructura organizativa de las delegaciones.

Mujeres al frente

Un aspecto destacado del informe es el incremento de mujeres en roles de conducción. Por primera vez, el 32,8% de las delegaciones están lideradas por delegadas regionales, rompiendo con patrones históricos de representación masculina.

Próximos pasos

La Secretaría del Interior adelantó que presentará próximamente una propuesta para la creación de nuevas delegaciones en provincias con alta densidad demográfica y política, al tiempo que se evalúa cerrar aquellas delegaciones que han perdido representatividad o no han mantenido contacto con la central en los últimos tres años.

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SATSAID y los desafíos de un sector en transformación

En una entrevista reciente con Mario Quinteros, titular del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) en la provincia de San Juan, abordó los complejos desafíos que enfrenta el sector en un contexto de rápida evolución tecnológica y tensiones laborales.

Quinteros destacó cómo la industria, impulsada por el avance de la tecnología, obliga a adaptaciones constantes tanto para los trabajadores como para las empresas. Esta transición ha generado situaciones laborales complicadas, incluyendo la pérdida de empleos en San Juan durante el 2024. Según explicó, las empresas tradicionales enfrentan una dura competencia con nuevas compañías que operan bajo convenios menos exigentes, afectando negativamente las condiciones de trabajo.

“Estas empresas obligan a los trabajadores a desempeñarse bajo condiciones precarias, con largas jornadas, salarios insuficientes y falta de seguridad laboral”, expresó, enfatizando la urgencia de intervenir para proteger los derechos laborales en un mercado desigual.

En el ámbito nacional, SATSAID rechazó recientemente una oferta salarial presentada por cámaras empresarias como ATA y ATVC, que propusieron aumentos del 1.5% y 4% para marzo y junio, respectivamente. Quinteros señaló que estos porcentajes están muy por debajo de la inflación real, lo que agrava la pérdida del poder adquisitivo, estimada en un 20% durante el último año.

“Es inadmisible que las empresas ofrezcan aumentos tan bajos cuando la inflación afecta de manera directa la economía de los trabajadores”, afirmó. Además, criticó al gobierno por homologar incrementos salariales mínimos, mientras permite subas significativas en productos de la canasta básica y combustibles, calificándolo como un “doble discurso”.

Impacto social y político

Quinteros no solo apuntó a las políticas salariales, sino también a las consecuencias sociales de un sistema económico que, según él, castiga a quienes pierden sus empleos. Comentó que un trabajador que queda desempleado a los 40 años enfrenta enormes dificultades para reincorporarse al mercado laboral, y en muchos casos, queda relegado hasta alcanzar la edad de jubilación.

A pesar de los desafíos, señaló que la sociedad tendrá la oportunidad de expresar su descontento o aprobación en las próximas elecciones legislativas, que servirán como un termómetro para medir el rumbo político y económico que desea la mayoría.

La entrevista con Mario Quinteros puso en evidencia las tensiones estructurales que enfrenta el sector audiovisual en San Juan y a nivel nacional. SATSAID continúa luchando por mejoras salariales justas, condiciones de empleo dignas y una competencia equitativa en un mercado en transformación constante. Sin embargo, como enfatizó Quinteros, los resultados dependerán en gran medida de las decisiones colectivas y de las acciones conjuntas entre trabajadores y gremios para enfrentar estos tiempos complejos.

Este diálogo no solo refleja los desafíos laborales actuales, sino también la resiliencia y determinación de quienes buscan construir un futuro más justo para todos en el ámbito de la televisión y los servicios audiovisuales.

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