La decisión del Gobierno de desvincular a 500 empleados de la ex Secretaría de Hábitat y Vivienda es solo la punta del iceberg de una política de ajuste que está devastando al sector público y a los trabajadores estatales.

La política de recortes y despidos implementada por el Ejecutivo nacional es una clara muestra de su falta de compromiso con la calidad de vida de los ciudadanos y la estabilidad laboral de los trabajadores estatales. La desvinculación de 500 empleados de la ex Secretaría de Hábitat y Vivienda es solo la última en una serie de medidas que han dejado sin trabajo a miles de personas en el sector público.

La justificación del Gobierno para estos recortes es la necesidad de reducir el gasto público y promover la eficiencia en el sector estatal. Sin embargo, esta argumentación es débil y no se sostiene ante la realidad de los hechos. La verdad es que el Gobierno está llevando a cabo una política de ajuste que beneficia solo a los intereses de los grandes empresarios y financieros, mientras que los trabajadores estatales y los ciudadanos en general son los que pagan el precio.

La eliminación de programas clave como PROCREAR, FONAVI y Casa Propia es un ejemplo claro de cómo el Gobierno está abandonando su responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda y la calidad de vida de los ciudadanos. La desvinculación de empleados públicos es solo la consecuencia lógica de esta política de abandono y desinterés.

El Poder Ejecutivo oficializó un nuevo aumento salarial para los empleados públicos, mediante el Decreto 112/2025. Sin embargo, este acuerdo generó críticas y decepción entre los sindicatos y los trabajadores quienes consideran que el monto del aumento es insuficiente para compensar la inflación proyectada y la pérdida del poder adquisitivo.

El suba del 1,5% desde enero de 2025 y del 1,2% desde febrero de 2025 es claramente insuficiente para cubrir la inflación proyectada para este año. Según las proyecciones del Banco Central, la inflación podría alcanzar el 50% en 2025, lo que significa que el aumento salarial sería absorbido rápidamente por la inflación.

La pérdida del poder adquisitivo

Además, el aumento de salarios no compensa la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron los empleados públicos en los últimos años. La inflación ha erosionado el valor de los salarios, lo que ha llevado a una disminución significativa del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

En este contexto, es necesario que el gobierno implemente una política más justa y equitativa. Esto implica no solo equiparar los sueldos, sino también garantizar que los aumentos sean suficientes para cubrir la inflación y la pérdida del poder de compra.

En un movimiento que busca proteger la función social del Banco Nación, los diputados nacionales Sergio Palazzo y Carlos Cisneros presentaron un proyecto de ley para derogar el Decreto 116/2025 del gobierno de Javier Milei.

En la iniciativa legislativa presentada ante el Congreso Nacional, Palazzo y Cisneros buscan declarar la nulidad de todos los actos realizados en la entidad a partir de la publicación del Decreto y garantizar que el Banco Nación continúe siendo una institución propiedad del Estado Nacional.

La función social del Banco Nación

Los diputados argumentan que la transformación en sociedad anónima debilitaría el rol del Banco Nación como motor de la economía y herramienta de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Además, destacan la importancia del Banco Nación en la inclusión financiera, el acceso al crédito y el desarrollo económico del país.

La voluntad histórica del Congreso Nacional

El proyecto destaca la voluntad histórica del Congreso Nacional de proteger al Banco Nación de los procesos de privatización, recordando la Ley 25.108 que lo excluyó expresamente de la privatización durante la década del 90′.