La Dirección Nacional de Vialidad enfrenta una crisis sin precedentes a raíz de los anuncios del gobierno nacional que implican una profunda reestructuración del organismo. Carlos Ordóñez, titular de Vialidad Nacional en San Juan, manifestó su gran preocupación por el impacto que estas medidas tendrán en el empleo, la seguridad vial y el mantenimiento de la infraestructura del país.
Recortes de Personal y Pérdida de Autonomía
Uno de los cambios más alarmantes es la eliminación del carácter autárquico de Vialidad Nacional, lo que significaría que la entidad dejaría de manejar su propio presupuesto y pasaría a depender directamente del gobierno central. Esta modificación restringiría drásticamente la capacidad operativa del organismo, ya que su financiamiento quedaría supeditado a las decisiones del Poder Ejecutivo, sin la posibilidad de administrar de manera independiente los recursos destinados a la conservación de rutas y caminos.
Además, se prevé una reducción del 30 % del personal, lo que implicaría la pérdida de aproximadamente 1.500 puestos de trabajo en todo el país. Esta drástica disminución del plantel afectaría la operatividad de Vialidad, poniendo en riesgo no solo la estabilidad laboral de cientos de familias, sino también la capacidad del organismo para garantizar el mantenimiento y la seguridad en las rutas nacionales y provinciales.
Fondos Desviados y Falta de Inversión en Infraestructura
Carlos Ordóñez desestimó el argumento oficial de que los recortes responden a la falta de financiamiento. En este sentido, recordó que existe un impuesto específico sobre los combustibles líquidos, cuyo destino es precisamente el mantenimiento y desarrollo de las rutas del país. Sin embargo, denunció que en 2023 se recaudaron 300.000 millones de pesos por este concepto, pero esos fondos no fueron dirigidos a la infraestructura vial, lo que ha profundizado el deterioro de las rutas y caminos.
El impacto de esta falta de inversión no solo se refleja en el desgaste acelerado de la red vial, sino también en el incremento de costos para el sector del transporte. Las malas condiciones de las rutas provocan daños recurrentes en vehículos de carga y particulares, generando gastos adicionales en reparación de neumáticos, suspensión y otros componentes esenciales. A largo plazo, este deterioro se traduce en un encarecimiento del transporte de bienes y servicios, afectando directamente a la economía de los ciudadanos.
Otro aspecto crítico señalado por el dirigente es el aumento de la siniestralidad vial. La falta de mantenimiento y la presencia de rutas en condiciones deficientes han incrementado el número de accidentes de tránsito en todo el país, con consecuencias fatales en muchos casos. Según Ordóñez, esta realidad no es solo una cuestión de infraestructura, sino de seguridad pública, ya que el estado de las rutas impacta directamente en la vida de quienes las transitan a diario.
Negociaciones y el Rechazo del Sector
El descontento entre los trabajadores de Vialidad Nacional y los gremios del transporte es evidente. En una reciente reunión entre el administrador general del organismo, Marcelo Campoy, y representantes sindicales, se confirmó la inminente publicación del decreto de reestructuración. A pesar de las advertencias sobre los efectos negativos de estas medidas, el gobierno nacional mantiene firme su postura de avanzar con los cambios, lo que ha generado una fuerte resistencia dentro del sector.
Los sindicatos han comenzado a evaluar medidas de protesta y estrategias para visibilizar el impacto de estas decisiones. Mientras tanto, los trabajadores se mantienen en estado de alerta ante la incertidumbre sobre sus empleos y el futuro de la institución.
El Escándalo Escándalo cripto y las Críticas al Gobierno
Durante la entrevista, Ordóñez también se refirió a la polémica en torno al revuelo $Libra, remarcando que fue un escándalo que ha alcanzado al Ejecutivo nacional. En sus declaraciones, criticó la postura del presidente Javier Milei, quien intentó desligarse del caso argumentando que se trata de un asunto privado. Según Ordóñez, un presidente no puede desentenderse de estos temas, ya que su responsabilidad es permanente y no está limitada a horarios de oficina.
En un tono irónico, el dirigente comparó el caso con la construcción de una “pirámide fraudulenta”, haciendo alusión al esquema financiero bajo sospecha. Esta controversia ha generado aún más incertidumbre sobre la gestión del gobierno y ha puesto en duda su capacidad para garantizar la transparencia en la administración de fondos públicos.
Defensa de la Labor de Vialidad Nacional y la Importancia del Trabajo en las Rutas
Ordóñez enfatizó la importancia del trabajo que realizan los empleados de Vialidad Nacional, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde muchas veces su labor pasa desapercibida. Destacó la dedicación de los trabajadores, quienes, a pesar de contar con escasos recursos y maquinaria en mal estado, han garantizado la conectividad en momentos críticos, como las intensas lluvias que afectaron recientemente a la provincia de San Juan.
En este contexto, se están impulsando campañas de concientización para informar a la ciudadanía sobre la relevancia de Vialidad Nacional y el impacto que tendrán los recortes en la calidad y seguridad de la infraestructura vial.
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Bancarios actualizan sus salarios y el sueldo inicial será de casi 2 millones

La Asociación Bancaria anunció la entrada en vigencia de la actualización salarial correspondiente a los montos iniciales del mes de abril de 2025, con un incremento del 11,6% sobre los haberes. Los trabajadores bancarios recibirán un retroactivo en mayo y sus salarios quedarán por encima de los 1,8 millones de pesos.
La Asociación Bancaria, liderada por el legislador nacional Sergio Palazzo, confirmó la actualización salarial para los trabajadores bancarios, que entrará en vigencia a partir de abril de 2025. Según el anuncio, los salarios iniciales del sector quedarán en $1.752.653,20, y con la Participación Ganancias (ROE) de $79.159,46, el total ascenderá a $1.831.812,66.
Además, el Día del Bancario/a tendrá un monto mínimo de $1.562.429,69, sujeto a futuras actualizaciones. La organización sindical destacó que esta actualización será aplicable a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
El gremio también confirmó que el retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de mayo. «De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios», agregaron en el comunicado.
La actualización salarial es un paso importante para los trabajadores bancarios, ya que les permite mantener su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. La Asociación Bancaria ha demostrado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores bancarios y ha logrado mejorar sus condiciones laborales.
El aumento salarial de los trabajadores bancarios a casi 2 millones de pesos es un logro importante para el sector, pero también pone en evidencia la gran brecha salarial que existe en la Argentina. Mientras que los bancarios disfrutan de un sueldo inicial relativamente alto, otros sectores laborales cobran sumas ínfimas que no les permiten cubrir sus necesidades básicas.
La pregunta que surge es: ¿por qué algunos sectores laborales pueden acceder a salarios dignos mientras que otros están condenados a vivir en la pobreza? La respuesta es compleja y multifacética, pero es claro que la desigualdad salarial es un problema estructural que requiere una solución urgente.
Es hora de que los los líderes sindicales se unan para abordar esta cuestión y garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a un salario justo y digno. De lo contrario, la brecha salarial seguirá siendo un obstáculo para la justicia social y la igualdad en la Argentina.
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Tierra del Fuego dice no a la eliminación de aranceles con un paro general el 21 de mayo

La provincia de Tierra del Fuego se prepara para un paro general total el miércoles 21 de mayo en rechazo a la eliminación de aranceles a productos electrónicos y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados. Gremios, sindicatos y organizaciones sociales se unen para defender la industria y el empleo en la provincia.
La medida de fuerza fue convocada de manera conjunta por gremios, movimientos sociales y representantes de la producción, que consideran que la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos internos pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la provincia. Según los organizadores, la decisión del Gobierno Nacional responde a «una nueva concesión al FMI» y podría tener un impacto devastador en la economía regional, altamente dependiente de la industria electrónica radicada en el territorio.
El paro general no solo busca frenar las nuevas disposiciones arancelarias, sino que también pone en evidencia una serie de reclamos acumulados, como recortes presupuestarios a universidades, salud y obra pública, paralización de planes de vivienda y obras de infraestructura, y el rechazo a la Ley de Bases y el DNU 70/2023.
Los organizadores del paro, entre los que se encuentran la CGT Regional Río Grande, Petroleros Privados, ATE, ASOEM, Luz y Fuerza, Químicos y Petroquímicos, entre otros, remarcaron que esta protesta es un llamado a la unidad de los trabajadores fueguinos en defensa del federalismo, la soberanía y los derechos conquistados.
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El Gobierno desvincula a empleados públicos sin contemplaciones

El Gobierno nacional dispuso la desvinculación de empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, con el objetivo de asegurar que los funcionarios estén debidamente cualificados para cumplir con las tareas propias de su cargo. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, afecta a todos los trabajadores del Sector Público Nacional.
Esta Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que solo podrán contratar o renovar contratos al personal que haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que garantice la eficiencia y la eficacia en la administración pública.
El examen que se implementó desde el año pasado, fue objeto de críticas por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la utilidad de la medida y argumenta que se gastaron recursos públicos innecesarios en pruebas de desempeño que no tienen sentido. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la medida es necesaria para asegurar que los empleados estén debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.
Según el relevamiento de ATE, más de 41.500 trabajadores rindieron el examen, y la cifra de aprobados se elevó al 98%. Esto significa que un pequeño porcentaje de empleados públicos serán desvinculados de sus cargos.
La disposición del Gobierno nacional se enmarca en su objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y mejorar la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, también genera preocupación sobre la estabilidad laboral de los trabajadores y la posible pérdida de talento en la administración pública.
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