La Dirección Nacional de Vialidad enfrenta una crisis sin precedentes a raíz de los anuncios del gobierno nacional que implican una profunda reestructuración del organismo. Carlos Ordóñez, titular de Vialidad Nacional en San Juan, manifestó su gran preocupación por el impacto que estas medidas tendrán en el empleo, la seguridad vial y el mantenimiento de la infraestructura del país.
Recortes de Personal y Pérdida de Autonomía
Uno de los cambios más alarmantes es la eliminación del carácter autárquico de Vialidad Nacional, lo que significaría que la entidad dejaría de manejar su propio presupuesto y pasaría a depender directamente del gobierno central. Esta modificación restringiría drásticamente la capacidad operativa del organismo, ya que su financiamiento quedaría supeditado a las decisiones del Poder Ejecutivo, sin la posibilidad de administrar de manera independiente los recursos destinados a la conservación de rutas y caminos.
Además, se prevé una reducción del 30 % del personal, lo que implicaría la pérdida de aproximadamente 1.500 puestos de trabajo en todo el país. Esta drástica disminución del plantel afectaría la operatividad de Vialidad, poniendo en riesgo no solo la estabilidad laboral de cientos de familias, sino también la capacidad del organismo para garantizar el mantenimiento y la seguridad en las rutas nacionales y provinciales.
Fondos Desviados y Falta de Inversión en Infraestructura
Carlos Ordóñez desestimó el argumento oficial de que los recortes responden a la falta de financiamiento. En este sentido, recordó que existe un impuesto específico sobre los combustibles líquidos, cuyo destino es precisamente el mantenimiento y desarrollo de las rutas del país. Sin embargo, denunció que en 2023 se recaudaron 300.000 millones de pesos por este concepto, pero esos fondos no fueron dirigidos a la infraestructura vial, lo que ha profundizado el deterioro de las rutas y caminos.
El impacto de esta falta de inversión no solo se refleja en el desgaste acelerado de la red vial, sino también en el incremento de costos para el sector del transporte. Las malas condiciones de las rutas provocan daños recurrentes en vehículos de carga y particulares, generando gastos adicionales en reparación de neumáticos, suspensión y otros componentes esenciales. A largo plazo, este deterioro se traduce en un encarecimiento del transporte de bienes y servicios, afectando directamente a la economía de los ciudadanos.
Otro aspecto crítico señalado por el dirigente es el aumento de la siniestralidad vial. La falta de mantenimiento y la presencia de rutas en condiciones deficientes han incrementado el número de accidentes de tránsito en todo el país, con consecuencias fatales en muchos casos. Según Ordóñez, esta realidad no es solo una cuestión de infraestructura, sino de seguridad pública, ya que el estado de las rutas impacta directamente en la vida de quienes las transitan a diario.
Negociaciones y el Rechazo del Sector
El descontento entre los trabajadores de Vialidad Nacional y los gremios del transporte es evidente. En una reciente reunión entre el administrador general del organismo, Marcelo Campoy, y representantes sindicales, se confirmó la inminente publicación del decreto de reestructuración. A pesar de las advertencias sobre los efectos negativos de estas medidas, el gobierno nacional mantiene firme su postura de avanzar con los cambios, lo que ha generado una fuerte resistencia dentro del sector.
Los sindicatos han comenzado a evaluar medidas de protesta y estrategias para visibilizar el impacto de estas decisiones. Mientras tanto, los trabajadores se mantienen en estado de alerta ante la incertidumbre sobre sus empleos y el futuro de la institución.
El Escándalo Escándalo cripto y las Críticas al Gobierno
Durante la entrevista, Ordóñez también se refirió a la polémica en torno al revuelo $Libra, remarcando que fue un escándalo que ha alcanzado al Ejecutivo nacional. En sus declaraciones, criticó la postura del presidente Javier Milei, quien intentó desligarse del caso argumentando que se trata de un asunto privado. Según Ordóñez, un presidente no puede desentenderse de estos temas, ya que su responsabilidad es permanente y no está limitada a horarios de oficina.
En un tono irónico, el dirigente comparó el caso con la construcción de una “pirámide fraudulenta”, haciendo alusión al esquema financiero bajo sospecha. Esta controversia ha generado aún más incertidumbre sobre la gestión del gobierno y ha puesto en duda su capacidad para garantizar la transparencia en la administración de fondos públicos.
Defensa de la Labor de Vialidad Nacional y la Importancia del Trabajo en las Rutas
Ordóñez enfatizó la importancia del trabajo que realizan los empleados de Vialidad Nacional, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde muchas veces su labor pasa desapercibida. Destacó la dedicación de los trabajadores, quienes, a pesar de contar con escasos recursos y maquinaria en mal estado, han garantizado la conectividad en momentos críticos, como las intensas lluvias que afectaron recientemente a la provincia de San Juan.
En este contexto, se están impulsando campañas de concientización para informar a la ciudadanía sobre la relevancia de Vialidad Nacional y el impacto que tendrán los recortes en la calidad y seguridad de la infraestructura vial.
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La pobreza y la desigualdad se agravan en Argentina debido a la informalidad laboral

La tasa de informalidad laboral en Argentina sigue aumentando, con un crecimiento del 78% en la participación de la recuperación del empleo total desde la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro.
El trabajo en negro es un fenómeno persistente y complejo que afecta a millones de trabajadores en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. En Argentina, la situación es particularmente grave, con una alta tasa de informalidad que afecta tanto a adolescentes como a mujeres, exacerbando las desigualdades de género y generacionales en el mercado laboral.
El crecimiento de la informalidad
Según datos del Indec, en los últimos cuatro años se han generado 568.000 empleos informales, en comparación con 363.000 formales registrados en el sector privado. Esto significa que por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro. El sector con mayor informalidad laboral es el servicio doméstico, con más de un millón de personas trabajando sin aportes al sistema previsional.
Sectores más afectados
La industria agrícola y la construcción también presentan altas tasas de informalidad laboral. En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, más de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a los beneficios de un empleo formal. En la construcción, el 58,4% de los empleados están en la informalidad.
La recesión económica
La economía argentina ha experimentado una recesión significativa, lo que ha tenido un impacto directo en el mercado laboral. La caída del 5,1% en el Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre de 2024 ha llevado a un aumento del desempleo y la precarización laboral.
La pobreza y la desigualdad
El 34,9% de los trabajadores en Argentina vive por debajo de la línea de pobreza, un fenómeno que se ha incrementado notablemente en los últimos años. La situación ha empeorado significativamente en el último semestre, con una caída de casi un 40% en los ingresos promedio de los ocupados desde 2017.
La informalidad laboral en Argentina es un flagelo que crece sin cesar, perpetuando las desigualdades socioeconómicas y afectando a un amplio sector de la población. Es fundamental que se implementen políticas activas de empleo, formación profesional y coordinación con políticas sectoriales para abordar esta problemática y proteger los derechos de los trabajadores.
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Diputados aprobó el aumento del 7,2% a jubilados, pero el Gobierno amenaza con vetarlo

En una sesión marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece una suba del 7,2% de los haberes jubilatorios y un aumento del bono de $70.000 a $110.000. La medida fue aprobada con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, y ahora deberá pasar por el Senado para tener su sanción definitiva.
Sin embargo, desde el Gobierno nacional anticiparon que vetarán la medida por considerarla un «atentado contra el equilibrio fiscal». Según trascendió, el Ejecutivo considera que el aumento de los haberes jubilatorios y el bono tendría un impacto fiscal de 12 mil millones dólares, es decir 1,8 del PBI.
El debate en la Cámara estuvo Caracterizado por las diferencias entre los bloques políticos. La diputada de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el aumento de 7,2% a las jubilaciones «es una reparación» a la situación que atraviesan los jubilados. Por su parte, los diputados de la oposición argumentaron que el aumento no es suficiente y que se necesitan medidas más profundas para abordar la crisis jubilatoria.
El aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y el bono de $110.000 es una medida importante para los jubilados que ven cómo sus ingresos se ven afectados por la inflación y la devaluación. Sin embargo, la incertidumbre sobre el veto del Gobierno nacional genera dudas sobre el futuro de la medida.
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Los residentes del Garrahan levantaron el paro tras la advertencia del Gobierno

Los médicos residentes del Hospital Garrahan decidieron retomar sus actividades laborales después de que el Gobierno les advirtiera que les aplicarían sanciones si continuaban con la medida de fuerza. La decisión se tomó luego de una reunión con autoridades del hospital y la amenaza de despidos y sanciones.
El Gobierno había advertido a los residentes que si no cesaban las protestas, se tomarían medidas. En un mail enviado por el Consejo de Administración del hospital, se les informó que si no retoman sus actividades laborales, se les aplicarían sanciones que podrían incluir el descuento del día del salario, la pérdida de la regularidad en el programa de residencia y hasta la desvinculación del hospital.
La justificación de Salud
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la intimación vía mail que el Consejo de Administración del Garrahan envió a los residentes para que vuelvan a sus puestos de trabajo tras el anuncio de reforzar el ingreso con un bono de $500.000. Según el Ministerio, el aumento informado el fin de semana «es un hecho», por lo que cualquier medida de fuerza al respecto no tiene un motivo legítimo.
La reacción de los residentes
Después de una reunión con autoridades del hospital, los residentes decidieron retomar sus actividades laborales. En un comunicado oficial, los médicos informaron que «por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del hospital retoma su actividad laboral de forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha».

La posición de ATE
Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro por 24 horas con movilización a Plaza de Mayo para este jueves. «Nada de nada», sostuvo Norma Lezana, titular de APyT sobre las propuestas analizadas en la reunión con autoridades del hospital. «Es una vergüenza», continuó.
La decisión de los residentes del Hospital Garrahan de levantar el paro después de la advertencia del Gobierno es un claro ejemplo de la presión que existe entre los trabajadores de la salud y el Gobierno. Mientras que los residentes decidieron retomar sus actividades laborales, ATE y otros gremios siguen firme en su posición de lucha por mejores condiciones laborales y salariales.
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