La inflación de febrero registró un leve repunte con respecto a enero, alcanzando un 2,4% y un 66,9% interanual, según el Indec. Sin embargo, este dato no debe ser tomado a la ligera, ya que refleja la persistencia de una inflación alta y descontrolada que sigue afectando la economía y la vida de los argentinos.

La división de mayor aumento en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,7%, debido a subas en alquileres y gastos conexos, así como en electricidad, gas y otros combustibles. Esto es particularmente preocupante, ya que estos servicios son esenciales para la vida cotidiana y su aumento afecta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El gobierno debe asumir su responsabilidad en la gestión de la economía y tomar medidas efectivas para controlar los aumentos. La persistencia de la inflación alta es un reflejo de la falta de política económica efectiva y de la incapacidad del gobierno para tomar decisiones que beneficien a la mayoría de la población.

Consecuencias Sociales

La inflación alta tiene consecuencias sociales graves, como la pérdida del poder adquisitivo, la reducción de la calidad de vida y la aumento de la pobreza. Es fundamental que el gobierno tome medidas para abordar estas consecuencias y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La decisión judicial del juez federal Alejo Ramos Padilla de suspender el decreto que convertía al Banco Nación en Sociedad Anónima, ha generado un freno a la privatización de la entidad bancaria de alcance nacional. El fallo responde a una presentación colectiva de los trabajadores del BNA, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del directorio del banco que disponía su transformación en Sociedad Anónima.

La medida cautelar dictada por Ramos Padilla suspende el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que buscaba convertir en Sociedad Anónima al Banco de la Nación Argentina (BNA). Esta decisión judicial frena la intención del Gobierno de avanzar con una eventual privatización de la principal entidad bancaria del país.

El Banco Nación cumple un rol fundamental en el financiamiento de pequeños y medianos productores, así como en la economía regional. Con más de 130 años de historia y una red de más de 700 sucursales en todo el país, el BNA es clave en la promoción del desarrollo económico y social.

La transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima generó preocupación entre sectores políticos, sindicales y productivos. La decisión de Ramos Padilla refuerza la idea de que cualquier modificación en el estatus de entidades estatales debe contar con el aval del Congreso, consolidando el rol del Poder Legislativo en la toma de decisiones sobre el patrimonio público.

Los gremios universitarios ratifican un paro nacional de 48 horas para el 17 y 18 de marzo, exigiendo mejoras salariales y rechazando la represión a los jubilados.

En una situción compleja entre el gobierno nacional y los gremios universitarios, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ratificó un paro nacional de 48 horas para el próximo 17 y 18 de marzo. La medida de fuerza busca denunciar los aumentos salariales unilaterales y el ajuste económico implementado por el gobierno de Javier Milei.

Los gremios señalaron que los aumentos otorgados de manera unilateral no lograron recuperar la inflación de enero y febrero, lo que ha generado una pérdida significativa del poder adquisitivo de los salarios. Además, denunciaron la falta de presupuesto universitario y la «completa arbitrariedad» del gobierno en el manejo de los fondos públicos.

La dirigencia gremial universitaria advirtió que el sistema educativo enfrenta un escenario crítico ante la falta de presupuesto y la represión policial. «Acá está en juego la república», expresó Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).

El paro nacional cuenta con el apoyo de todos los gremios docentes y nodocentes del país, incluyendo la CONADU, CONADU-Histórica, FAGDUT y FATUN. La medida de fuerza se enmarca en un contexto de tensiones presupuestarias y políticas, y se presenta como una respuesta contundente frente al ajuste económico y la represión policial.