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El conflicto salarial de los trabajadores judiciales nacionales sigue latente en la provincia de San Juan y en todo el país. En diálogo con Mundo Laboral, Alfredo Collado brindó detalles sobre la situación que atraviesan los empleados del sector y las medidas de fuerza que se han dispuesto para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Desde diciembre de 2023, los judiciales nacionales no han recibido una recomposición salarial, lo que ha generado una significativa pérdida del poder adquisitivo. Según Collado, los trabajadores han visto reducida su capacidad de compra en un 25 % durante 2024, lo que ha impactado no solo en su calidad de vida sino también en el consumo general de la población. Frente a este escenario, el gremio ha decidido intensificar sus reclamos con una serie de manifestaciones y protestas.

Medidas de fuerza en todo el país

Las acciones gremiales han sido constantes durante la última semana. Todo comenzó con la participación en la marcha del Día de la Mujer, continuó con un acompañamiento a los jubilados en distintas ciudades y un banderazo en Buenos Aires. La medida más contundente está prevista para el viernes, con un paro nacional sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Collado destacó la importancia de garantizar guardias mínimas para atender situaciones urgentes, considerando que detrás de los trámites judiciales hay personas que dependen de la resolución de sus causas. “Entendemos que trabajamos con justicia y que detrás de los papeles hay personas. Siempre se establecen guardias mínimas para evitar perjuicios mayores a la población”, explicó.

Preocupación por la situación de los jubilados

Otro de los puntos que preocupa al gremio es la situación de los jubilados, quienes, según Collado, atraviesan una crisis profunda debido a los bajos haberes y las recientes modificaciones en el sistema previsional. “Es muy penoso que un trabajador, luego de años de esfuerzo, pase a cobrar apenas el 47 % de su sueldo. Es inaceptable que un compañero que se jubila de un día para el otro no pueda sostener su calidad de vida”, expresó.

El referente gremial también cuestionó la suspensión de las moratorias previsionales, argumentando que muchas personas han trabajado en la informalidad por falta de oportunidades y no por elección propia. “No se trata de vagancia, sino de la realidad laboral del país. No todos han tenido la posibilidad de acceder a un empleo en blanco, y ahora se les niega la oportunidad de jubilarse dignamente”, agregó.

Un gremio con trayectoria y coherencia

Collado resaltó la coherencia del gremio a lo largo del tiempo y su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores. “Hace mucho tiempo que venimos peleando por salarios dignos y mejores condiciones laborales. Nuestro sindicato siempre ha mantenido una postura firme en la lucha por los derechos de los judiciales, y esta no será la excepción”, concluyó.

El conflicto sigue en pie y, con el paro nacional en el horizonte, el sector judicial refuerza su postura en busca de una solución concreta. Mientras tanto, la incertidumbre y la preocupación siguen creciendo entre los trabajadores y jubilados, quienes ven cómo su poder adquisitivo se deteriora en un contexto económico cada vez más difícil.

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El Futuro de Vialidad Nacional en Juego: ¿Qué Implicaciones Tiene su Eliminación?

El Gobierno de Javier Milei prepara un decreto para eliminar Vialidad Nacional y otros organismos, poniendo en riesgo unos 10.000 empleos. ¿Cuáles son las implicaciones de esta medida y qué futuro les espera a los trabajadores afectados?

La noticia de la posible eliminación de Vialidad Nacional, Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial provocó un gran impacto. Estos organismos, que cuentan con un total de alrededor de 10.000 empleados, son fundamentales para la infraestructura vial y la seguridad vial del país.

Vialidad Nacional, con 5304 empleados, es el organismo encargado de la construcción y mantenimiento de rutas y autopistas en todo el territorio nacional. Corredores Viales, con 3622 empleados, se encarga de la administración y mantenimiento de los corredores viales del país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, con 717 empleados, es la encargada de implementar políticas y programas para mejorar la seguridad vial en Argentina.

Según fuentes cercanas al Gobierno, la administración de Javier Milei está preparando un decreto para modificar los organigramas de estos organismos y fusionarlos en una sola agencia que tendrá injerencia sobre todas las rutas nacionales.

La eliminación de Vialidad Nacional, Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha generado un gran malestar entre los trabajadores de los organismos afectados, que temen por su futuro laboral y además puede tener graves consecuencias para la infraestructura vial y la seguridad vial del país. Es importante que el Gobierno sea transparente y busque alternativas que minimicen el impacto negativo en los trabajadores y la sociedad en general.

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Los Nodocentes Universitarios se Movilizan por Salarios Dignos y una Universidad Pública de Calidad

La Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) lleva adelante un paro nacional en demanda de mejoras salariales y presupuesto para la educación universitaria, en un contexto de desfinanciamiento y deterioro salarial.

La FATUN, liderada por Walter Merkis, convocó a un paro nacional de 48 horas en todo el país, en el marco de las acciones impulsadas por el Frente Sindical universitario. La medida busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector, con salarios en caída, falta de convocatoria a paritarias y desfinanciamiento que pone en riesgo la educación, la investigación y las becas estudiantiles.

Los gremios de nodocentes califican de «insuficientes» los recientes aumentos otorgados por el Gobierno, con subas del 1,5% en enero y 1,2% en febrero. Además, reiteran el pedido de llamado a paritarias, en un contexto en el que el deterioro salarial supera el 70% desde la asunción de Javier Milei a la presidencia.

La FATUN advierte que «sin presupuesto, sin paritarias y sin respuestas por parte del Gobierno Nacional, la educación pública está en peligro». En este sentido, los gremios de nodocentes, junto a los trabajadores docentes de universidades, se sumarán el próximo miércoles a la marcha de los jubilados al Congreso, tras los violentos sucesos de la semana pasada.

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El consumo masivo en caída libre: 15 meses consecutivos de derrumbe

El consumo masivo sigue transitando una pendiente descendente sin frenos. Según el último informe de la consultora Scentia, en febrero las ventas en supermercados y autoservicios se desplomaron un 9,8%, consolidando un ciclo de 15 meses consecutivos de retroceso. La recesión afecta con particular intensidad a los rubros de bebidas, higiene y limpieza, exponiendo el deterioro de la capacidad de compra de los hogares argentinos.

La crisis del consumo no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de un escenario macroeconómico marcado por la inflación persistente y la pérdida del poder adquisitivo. Los números de Scentia reflejan con crudeza la magnitud del problema: las bebidas sin alcohol lideran la caída con un desplome del 18,8%, seguidas de cerca por las alcohólicas, con un retroceso del 16,2%. Los productos de compra impulsiva registraron una contracción del 10,5%, mientras que los artículos de limpieza y los de higiene personal descendieron un 9,7% y un 8%, respectivamente.

El golpe se siente con especial crudeza en los grandes canales de venta. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el consumo en supermercados se redujo un 8,3%, mientras que en el resto del país la caída alcanzó el 4,9%. La contracción no distingue regiones ni segmentos sociales: la merma en la demanda es un síntoma transversal que responde al deterioro generalizado del ingreso disponible.

El costo de la vida, una barrera cada vez más alta

Uno de los principales factores que explican esta caída ininterrumpida es el constante encarecimiento de los productos básicos. La consultora Scentia pone el foco en el impacto de la inflación sobre la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza. En febrero, la CBA experimentó un incremento del 3,2%, el más alto desde septiembre de 2023, mientras que la CBT subió un 2,3%.

En términos concretos, una familia tipo necesitó en febrero $1.057.923 para no ser considerada pobre, y $468.108 para no caer en la indigencia. Estas cifras evidencian que la inflación no solo erosiona la capacidad de compra, sino que empuja a amplios sectores de la sociedad a una situación de vulnerabilidad extrema.

El dilema del gobierno: estabilizar precios o sostener el consumo

Frente a este panorama, la administración de Javier Milei enfrenta un dilema complejo. Su estrategia de ajuste fiscal y reducción del gasto público ha permitido una desaceleración parcial de la inflación en algunos sectores, pero a costa de una profunda contracción del consumo interno. Sin políticas de estímulo que amortigüen el impacto de la caída de la demanda, el riesgo de una recesión prolongada se vuelve cada vez más tangible.

El gobierno apuesta a un reordenamiento macroeconómico que genere estabilidad en el mediano plazo, confiando en que la baja de la inflación eventualmente permitirá una recuperación del consumo. Sin embargo, el deterioro de los ingresos y la persistente suba de precios sugieren que la reactivación tardará en llegar, dejando a una porción significativa de la población en una situación de creciente fragilidad.

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