La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su jornada de acción gremial por 36 horas, que incluirá una movilización al Congreso el 9 de abril y un paro general de 24 horas el día 10, en rechazo a la política económica del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza, que busca defender el salario y los derechos de los jubilados, contará con la participación de 79 delegaciones regionales. El pasado jueves, la central obrera realizó un plenario en la sede de Azopardo, con el objetivo de garantizar la contundencia del paro en el interior del país.

La movilización del 9 de abril comenzará a las 12 horas, con una concentración frente al Congreso de la Nación. El mensaje para el gobierno será claro: rechazo a las políticas económicas y exigencia de mejoras en las condiciones laborales y previsionales. El paro general del 10 de abril será de 24 horas, y contará con la adhesión de todos los sectores gremiales, sociales y políticos.

La CGT también anunció que el plan de lucha tendrá continuidad el 1 de mayo con una masiva movilización por el Día del Trabajador. La central obrera busca mostrar de manera unificada todos los reclamos y demandas sectoriales, reflejando el malestar social ante el ajuste económico, los despidos y las políticas de desregulación laboral.

La jornada de acción gremial por 36 horas es un llamado a la movilización y la unidad de los trabajadores y los jubilados en defensa de sus derechos. La CGT ratifica su compromiso con la lucha por una política económica más justa y equitativa, y convoca a todos los sectores a sumarse a la protesta.

La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades del sector agropecuario, busca congelar los salarios de los peones rurales, mientras presiona para conseguir una devaluación que beneficiaría sus ingresos.

La discusión por los salarios de los peones rurales está frenada. La oferta de las entidades agropecuarias es del 0% de aumento para el mes de marzo, seguido de un 1,7% en abril y mayo. Sin embargo, el gremio Unión Argentina Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) rechazó esta propuesta y solicitó un aumento acumulativo del 9% en tres tramos.

La situación es crítica, considerando que los salarios actuales están por debajo de la línea de pobreza. Según el INDEC, en febrero, la canasta básica total de pobreza (CBT) subió un 2,3%, y una familia tipo necesitó tener ingresos por encima de $ 1.057.923,42 para no ser considerado un hogar pobre.

Mientras tanto, la Mesa de Enlace presiona para que el Gobierno Nacional encare una devaluación del tipo de cambio, lo que les permitiría aumentar sus márgenes de ganancias. Sin embargo, esta medida podría tener consecuencias negativas para la economía y la sociedad en general.

En un golpe significativo al gobierno, la Justicia Federal declaró inconstitucionales los artículos 73 y 86 del DNU 70/2023, que eliminaban la obligatoriedad de los aportes sindicales de los trabajadores.

El Juzgado Federal N°2 de Azul, a cargo del juez Martín Brava, consideró que la disposición del ejecutivo nacional «supone un avasallamiento de las funciones exclusivas del Poder Legislativo y un apartamiento del sistema republicano instaurado en nuestra Constitución Nacional». Esta decisión surge tras el reclamo presentado por el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, quien argumentó que el megadecreto «modifica la letra y el espíritu de la convención colectiva que establece de manera automática el aporte solidario del trabajador».

La eliminación de la obligatoriedad de los aportes sindicales habría producido un desfinanciamiento de las entidades sindicales en general y del gremio olavarriense en particular. El dinero proveniente de las cuotas solidarias de los trabajadores mercantiles de los partidos de Olavarría y Laprida ya no ingresarían en el patrimonio de la organización gremial, lo que choca con los artículos 100 y 101 del Convenio Colectivo 130/75.

Cabe destacar que el magistrado ya había dictado una medida cautelar en marzo de 2024, donde había expresado que el DNU 70 no cumplía con las dos situaciones excepcionales que deben reunirse para asumir esta función legislativa. Estas situaciones son que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario y que la situación sea de una urgencia tal que deba ser solucionada en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.