Bajo la consigna de fomentar el diálogo social, referentes políticos, sindicales y empresarios de San Juan participarán de un retiro espiritual organizado por la Iglesia. Un espacio de reflexión que oscila entre la mística y la política, en un contexto de fragmentación institucional y demandas sociales urgentes.

En un país donde los límites entre lo público y lo privado, lo laico y lo confesional, se desdibujan con naturalidad alarmante, San Juan vuelve a ser escenario de una postal conocida pero no por ello carente de interrogantes. Este sábado 12 de abril, en la Casa de Retiro Emaús —emplazada en la apacible localidad de Las Chacritas— se desarrollará el tradicional retiro espiritual promovido por la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan. La cita reunirá a funcionarios del oficialismo, miembros de la oposición, dirigentes sindicales, empresarios de peso y representantes del ámbito social en torno a un mismo eje: la reflexión sobre el rol del poder en clave de servicio.

Encabezado por el Arzobispo Jorge Lozano y con la destacada presencia de monseñor Dante Braida —obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social—, el encuentro se presenta como un intento por recuperar una dimensión trascendente del quehacer público. Braida, de conocida vocación crítica respecto al abordaje estatal de problemáticas estructurales como el narcotráfico y la exclusión juvenil, sumará a la jornada un tono de urgencia ética, alejado de los protocolos edulcorados del ceremonial político.

A tono con las declaraciones de Héctor Allende, titular de la comisión organizadora, el evento apunta a «bajar los niveles de crispación» y propiciar una «amistad social» que, más allá del idealismo retórico, suena casi utópica en el escenario político provincial. La concurrencia de figuras como el gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, el senador Sergio Uñac y dirigentes históricos del peronismo sanjuanino, entre ellos José Luis Gioja y Fabián Gramajo, plantea una convivencia inusual fuera de los marcos institucionales convencionales. Más aún, en un año preelectoral, donde las tensiones internas y las estrategias de reposicionamiento se intensifican.

En este marco, la pregunta inevitable —y quizás incómoda— gira en torno al verdadero alcance de este tipo de encuentros. ¿Hasta qué punto estos retiros trascienden la puesta en escena de una concordia simbólica? ¿Se trata de instancias auténticas de introspección o de pausas ceremoniales que embellecen una praxis política muchas veces ajena al espíritu del servicio que se pregona? La institucionalidad eclesiástica se esfuerza por ofrecer un espacio de comunión, pero la realidad sociopolítica, marcada por la desconfianza ciudadana y el descreimiento generalizado, interpela con crudeza.

A esto se suma un trasfondo inquietante: la creciente influencia de sectores religiosos en la vida pública, en momentos donde las políticas de Estado deberían priorizar el laicismo, la racionalidad democrática y la inclusión efectiva. La espiritualización del poder, si no está acompañada de una transformación concreta de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, corre el riesgo de convertirse en un bálsamo para conciencias en deuda.

El retiro espiritual que congregará a la elite dirigencial sanjuanina es, sin dudas, un gesto necesario en tiempos de polarización y desencuentro. Sin embargo, para que este tipo de iniciativas no queden encapsuladas en el terreno de lo simbólico, deben traducirse en compromisos reales, sostenidos y tangibles en el plano de las políticas públicas. La espiritualidad, sin acción, corre el riesgo de ser apenas un espejismo ético en medio del desierto político argentino. En una sociedad urgida de justicia, diálogo y proyectos a largo plazo, no alcanza con orar: hay que transformar. Y ese es un desafío que no admite contemplaciones.

La tensión entre el sindicalismo y el gobierno nacional vuelve a tomar fuerza con dos convocatorias clave en la agenda gremial: la movilización de jubilados del 9 de abril y el paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril. En este contexto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en San Juan confirmó su adhesión activa a ambas medidas de fuerza, tal como lo aseguró su titular, José “Pepe” Villa, en declaraciones a Mundo Laboral San Juan.

Villa destacó que, si bien el paro del día 10 cuenta con un fuerte respaldo gremial a nivel nacional, es probable que la movilización de jubilados tenga una participación aún más contundente, dado que representa un reclamo particularmente sensible en el actual contexto socioeconómico. “El acto del día 9 será por la tarde y creemos que puede tener un mayor impacto. Hay muchas limitaciones en los lugares de trabajo: si bien no son restricciones formales, hay temores concretos sobre posibles descuentos salariales por adherir a la huelga del 10, sumado a cuestiones como la extensión horaria y otras presiones internas que dificultan la inasistencia”, explicó el dirigente.

En ese sentido, adelantó que desde UPCN se organizarán asambleas en cada repartición estatal como mecanismo de acompañamiento a la jornada de lucha, buscando visibilizar la problemática sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores. “Con esas asambleas buscamos cubrir el problema que implica dejar el puesto de trabajo, pero sin quedarnos en silencio”, sostuvo.

La decisión de acompañar ambas convocatorias no fue tomada de manera aislada: Villa dejó en claro que responde a una resolución adoptada en el seno del Consejo Directivo Nacional de UPCN. “La medida fue acordada en conjunto por todas las delegaciones del país. Somos una unión federal y, cuando se toma una decisión en el Consejo, se respeta y se ejecuta en cada provincia”, señaló con firmeza.

Consultado sobre la profundidad de la crisis que atraviesa el país, Villa fue categórico. “Estamos en medio de una crisis estructural. Las provincias están subsumidas, sin recursos suficientes para mejorar salarios o garantizar condiciones dignas. San Juan no es la excepción. Incluso el propio Estado nacional está lejos de estar en una buena situación”, indicó. Esta falta de respuestas concretas por parte del gobierno solo agrava la relación con los sectores gremiales, que ven con creciente preocupación la erosión del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales.

El análisis del dirigente sanjuanino evidencia un clima de creciente malestar en el ámbito estatal y una escalada en el conflicto que parece no tener un freno a corto plazo. Las medidas del 9 y 10 de abril se perfilan, entonces, no solo como jornadas de reclamo, sino como una muestra de unidad y resistencia por parte de los trabajadores y jubilados ante un panorama que se vuelve cada vez más incierto.

Con un frente sindical que se muestra decidido a hacerse oír en las calles y un gobierno que aún no brinda respuestas de fondo, la escena nacional se encamina hacia una nueva etapa de confrontación, en la que los gremios intentan preservar derechos conquistados y exigir una mayor sensibilidad social frente a los sectores más golpeados.

El juez Roberto Gallardo dictaminó que las fuerzas federales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, no podrán intervenir en la movilización de jubilados prevista frente al Congreso. El fallo subraya la necesidad de respetar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de resguardar los derechos fundamentales de los manifestantes.

La política de seguridad vuelve a colocarse en el epicentro del debate democrático tras un fallo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad, a cargo del magistrado Roberto Gallardo. La resolución, emanada a raíz de una serie de recursos de amparo presentados por organizaciones sindicales y sociales, establece que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, deberá abstenerse de participar en la planificación y ejecución del operativo previsto para la movilización de jubilados del próximo miércoles frente al Congreso.

La decisión judicial no es un hecho menor: se inscribe en una coyuntura atravesada por la creciente tensión entre el gobierno nacional y diversos sectores de la ciudadanía que, semana tras semana, se manifiestan por reivindicaciones básicas como el acceso a medicamentos esenciales y la urgente recomposición de haberes previsionales. El fallo representa, además, un límite institucional claro al avance de la Nación sobre competencias propias del gobierno porteño, particularmente en materia de seguridad, regulada por la Ley de Seguridad Interior.

El magistrado fue enfático en su resolución: ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su titular, Jorge Macri, que impidan cualquier intervención de fuerzas federales fuera de los canales expresamente contemplados por la normativa vigente. Según expresó en su dictamen, permitir una injerencia de esa índole significaría un menoscabo tanto de la autonomía de la Ciudad como del rol orgánico y funcional que le cabe a la Policía porteña.

El fallo también conlleva una dimensión profundamente garantista. En efecto, Gallardo remarcó que la resolución no responde a una especulación teórica o a una pulseada entre jurisdicciones, sino a la necesidad urgente de evitar vulneraciones a derechos humanos básicos, como la libertad de reunión, la libre expresión de ideas y la integridad física de quienes se movilizan. En ese sentido, se instruyó a las autoridades locales a delinear un operativo que respete estas garantías, evitando acciones represivas que restrinjan o criminalicen la protesta social.

El contexto no puede ser soslayado: la movilización de los jubilados coincidirá con una jornada de paro general convocado por la CGT, lo cual incrementa la magnitud y sensibilidad del evento. En dicho escenario, el temor de una respuesta estatal desmedida se vuelve tangible, especialmente a la luz de antecedentes recientes donde el uso de las fuerzas federales dejó una estela de represión injustificada, con heridos, detenciones arbitrarias y una creciente judicialización de la protesta.

No es la primera vez que la figura de Bullrich —asociada a una línea dura en materia de seguridad— genera resistencias en sectores sociales y judiciales que ven en su accionar una amenaza a los principios republicanos y a los derechos consagrados constitucionalmente. La resolución de Gallardo, en este sentido, puede leerse como una respuesta institucional frente a un modo de concebir la seguridad que privilegia la coerción por sobre el diálogo.