
Ajuste bajo tutela: las reformas que el FMI impone al Gobierno de Milei
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.
El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.
Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.
Una reforma previsional con costo social
La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.
El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.
Privatizaciones: vuelta al futuro
En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.
La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.
Un acuerdo que perpetúa la dependencia
Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.
Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.
Un déjà vu con sello nuevo
La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.
En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.
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La UOM San Juan: La lucha por un salario justo continúa

Durante el Congreso Nacional de Delegados en Mar del Plata, representantes de la Unión Obrera Metalúrgica reclamaron una actualización salarial pendiente, al tiempo que advirtieron sobre posibles medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo justo. Martín Solazzo, secretario general de la seccional San Juan, detalló los principales ejes del encuentro y la difícil coyuntura del sector.
En diálogo con Mundo Laboral SJ, Martín Solazzo, secretario general de la UOM San Juan, brindó precisiones sobre lo debatido en el Congreso Nacional de Delegados llevado a cabo en Mar del Plata, donde participaron representantes de distintas seccionales del país. Uno de los puntos centrales fue la falta de cumplimiento de la cláusula de revisión salarial correspondiente al último acuerdo paritario, que comprendía el período de noviembre a marzo.
Solazzo explicó que el compromiso firmado establecía una revisión a fines de marzo para evaluar si los incrementos pactados acompañaban la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Eso no ocurrió”, remarcó. Por esta razón, desde la conducción nacional del gremio se planteó la necesidad urgente de aplicar un 5% adicional a la base de cálculo de marzo, como condición para iniciar negociaciones de cara al período abril 2025 – marzo 2026.
El Ministerio de Trabajo y la postura empresarial
Si bien el planteo sindical fue recibido sin resistencia por parte del sector empresarial, el aval definitivo depende de la respuesta de la Secretaría de Trabajo, que se comprometió a evaluar el pedido. La confirmación del índice de inflación de marzo —esperada para los últimos días del congreso— fue clave para respaldar el reclamo de recomposición.
El 29 de abril se celebrará una nueva audiencia entre la UOM y las cámaras empresariales, donde se espera que se formalice el reconocimiento de ese 5% extra. “Ese es el piso mínimo con el que estamos dispuestos a empezar la discusión futura”, advirtió Solazzo, asegurando que el reclamo no es ni desmedido ni fuera de contexto.
Plan de lucha en preparación
Durante el congreso, también se aprobó un plan de acción progresivo ante una posible falta de acuerdo. Según detalló el dirigente sanjuanino, se contempla el inicio de medidas de fuerza escalonadas: paros de 24, 48 y hasta 72 horas, en caso de que las negociaciones no prosperen.
En paralelo, ya comenzaron las asambleas informativas en fábricas y talleres para preparar a los trabajadores y mantenerlos al tanto del avance de las gestiones. “Estamos pidiendo algo completamente razonable. Solo exigimos que se cumpla lo que ya estaba pactado”, insistió.
El impacto de las importaciones y la pérdida de empleo
Más allá del conflicto salarial, Solazzo advirtió sobre un escenario aún más preocupante: la apertura irrestricta de importaciones, que está golpeando de lleno a la industria nacional. “Nos afecta profundamente, especialmente a un sector tan productivo como el nuestro. Ya se han perdido miles de puestos de trabajo, y muchos más están en peligro”, señaló.
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Crisis salarial en las universidades: La CONADU Histórica lanza un paro nacional de 48 Horas

En un contexto de profunda crisis salarial y desfinanciamiento de la educación superior, la CONADU Histórica convocó a un paro nacional universitario de 48 horas para el 23 de abril. La medida de fuerza busca visibilizar la grave situación de los docentes universitarios y exigir respuestas concretas del Gobierno nacional.
La crisis salarial en las universidades nacionales argentinas ha alcanzado un punto crítico. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la inflación acumulada asciende a un 197%, mientras que los salarios docentes apenas fueron actualizados en un 68% a 86%, dependiendo del cargo. Esta disparidad ha generado un deterioro sostenido en el poder adquisitivo de los docentes y no docentes universitarios, afectando directamente sus condiciones de vida.
La paritaria salarial universitaria permanece cerrada y sin avances concretos, lo que ha llevado a la CONADU Histórica a tomar medidas de fuerza. «Con sueldos por debajo de la línea de pobreza, se hace insostenible la continuidad de las funciones esenciales en nuestras universidades», señalaron desde el sindicato.
El desfinanciamiento de la educación superior no es un hecho aislado. Desde la CONADU Histórica también advierten sobre las consecuencias del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyos condicionamientos implican reformas laborales y jubilatorias regresivas, además de una profundización del ajuste sobre el Estado.
El paro convocado por la CONADU Histórica promete tener fuerte repercusión en las casas de estudio de todo el país, con clases suspendidas, actos públicos y actividades de visibilización en defensa de la universidad pública. La medida de fuerza busca generar un amplio respaldo de la comunidad universitaria y la sociedad en general.
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La CGT convocó a una jornada de protesta y unidad por el Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una masiva movilización para el próximo 30 de abril, en conmemoración del Día del Trabajador. La marcha, que partirá desde la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio y culminará en el Monumento al Trabajo, busca expresar el descontento de los trabajadores frente a la política económica del gobierno de Javier Milei y exigir soluciones urgentes para la clase trabajadora.
La CGT ha sido clara en su postura: la situación económica del país es insostenible y requiere medidas inmediatas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. La marcha del 30 de abril es un llamado a la unidad de los trabajadores y un recordatorio al gobierno de que no pueden ignorar las demandas de aquellos que han sido golpeados por la inflación y la devaluación del peso.
La movilización también coincide con las negociaciones de paritarias, donde los gremios han señalado que las ofertas salariales no logran seguir el ritmo del índice inflacionario. Los sindicalistas expresaron su frustración ante la falta de comunicación del gobierno y la ausencia de soluciones concretas para abordar la crisis económica.
La presencia de gobernadores peronistas, encabezados por Axel Kicillof, en la reunión con el Consejo Directivo de la CGT en la sede de la calle Azopardo, agrega un componente político importante a la jornada de protesta. La CGT busca fortalecer su posición negociadora y demostrar que cuenta con el apoyo de sectores políticos clave.
La marcha del 30 de abril será un termómetro importante para medir el grado de apoyo popular a las demandas de la CGT y la capacidad de movilización de la central obrera. La expectativa es alta, y la sociedad argentina estará atenta a las conclusiones de esta jornada de protesta y a las respuestas del gobierno a las demandas de los trabajadores.
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